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Dan plazo a Carles Puigdemont para rectificar.

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MADRID  – El Gobierno de España instó el miércoles al Ejecutivo catalán a aclarar ya antes del lunes a las diez de la mañana si ha declarado o bien no una independencia unilateral que llevaría a la aplicación de medidas de intervención excepcionales contempladas en el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución y que, en último término, podrían favorecer elecciones adelantadas en Cataluña.
En el caso de una contestación positiva, el ultimátum se amplía hasta las diez de la mañana del jueves diecinueve de octubre a fin de que el Govern “revoque” la declaración y evite la aplicación del artículo.

En la imagen, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la tribuna durante su comparecencia en el Congreso el 11 de octubre. REUTERS/Sergio Perez

“El Consejo de Ministros ha acordado requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat a fin de que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al lado de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor”, afirmó el presidente Mariano Rajoy, abriendo por vez primera la puerta a las temidas medidas.

La víspera, en una aguardada comparecencia en el Parlament que paralizó el país, el presidente catalán, Carles Puigdemont, aceptó “el orden” para declarar la independencia, mas segundos después solicitó una suspensión de exactamente la misma para abrir un cauce de negociación y “desescalar” las tensiones.
“Este requerimiento, anterior a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo ciento cincuenta y cinco de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad jurídica que requiere una cuestión de tanta relevancia”, afirmó Rajoy en una breve comparecencia en la que insistió en que procurará el mayor acuerdo parlamentario.

Rajoy apuntó que la contestación de Puigdemont “va a marcar el futuro de los sucesos en los próximos días” y resaltó que el presidente catalán “tiene la ocasión de atender al lamento y a las solicitudes que desde tantos campos se la han hecho llegar para recobrar convivencia y seguridad jurídica”.
El Gobierno central ha rechazado cualquier amago de negociación en la medida en que las autoridades catalanas no abandonen el terreno de la “ilegalidad”. En su alegato del martes, el presidente catalán justificó la presunta declaración de la República Catalana basándonos en una ley regional y a un referendo que han sido suspendidos por los tribunales.

Rajoy defendió su situación en el Congreso refiriéndose al “mito de una independencia de cuento de hadas” y se mostró presto a charlar con el “catalanismo pactista y democrático”.
¿ELECCIONES EN CATALUÑA?
El requerimiento a Puigdemont está contemplado en la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución, jamás usado en la corta historia de la democracia de España, y que deja forzar a una comunidad irreverente a cumplir determinadas obligaciones por el “interés general”.
Si bien Rajoy no especificó qué consecuencias podría tener una réplica no satisfactoria a dicho requerimiento, la aplicación de medidas excepcionales podría llegar a forzar la convocatoria de unas elecciones adelantadas en la zona de bastante difícil augurio ante la gran división de la sociedad catalana.

La vaguedad del alegato de Puigdemont el martes desveló divisiones aun entre los conjuntos independentistas que mantienen el gobierno regional en minoría y que pueden hacer peligrar la débil gobernabilidad actual del Parlament.
La CUP, el asociado anticapitalista de Puigdemont que había pedido una declaración indudable de independencia, mostró su desagrado por la tibieza del president, recordó que la declaración de independencia “no incluye cláusula de suspensión” y sugirió que podría retirar su apoyo parlamentario.
Por su lado, Oriol Junqueras, líder de otro de los asociados (Esquerra Republicana) y vicepresidente regional, descartó “completamente” elecciones adelantadas como vía de solución y dijo: “Espero no ser el único que las descarte”.

“El bloque separatista tiene temor a las urnas de veras en Cataluña. Buena señal. Nos señalan el camino”, afirmó en su cuenta de twitter el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que la víspera, como hiciese el encargado de los socialistas catalanes, solicitó elecciones adelantadas.
APOYO EN EL CONGRESO Y REFORMA CONSTITUCIONAL
En un intento por abrir la negociación en la ley, el líder del primordial partido de la oposición nacional, el socialista Pedro Sánchez, desveló un pacto con Rajoy a fin de que el Congreso pueda discutir una modernización y reforma de la Constitución que deje “charlar sobre de qué manera Cataluña se queda en España” en el marco legal.
A cambio, y a pesar de sus diferencias con el Gobierno del PP, el Partido Socialista secundó sin reservas la resolución del Gobierno central y su defensa del “Estado de Derecho” al que mencionó asimismo últimamente el rey Felipe VI en un duro alegato contra el gobierno catalán.
“Compartimos con el presidente del Gobierno la necesidad de que Puigdemont aclare precisamente qué deseó decir el día de ayer, que semeja que no afirmó, mas que, conforme afirman los partidos independentistas, afirmó”, apuntó Sánchez.
Ciudadanos, la capacitación liberal que ocupa la cuarta situación en escaños en el Congreso, ha instado en los últimos días al Ejecutivo central a aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco en su contestación a la situación en Cataluña.
Los 3 partidos suman doscientos cincuenta y cuatro miembros del Congreso de los Diputados en el Congreso, más del setenta por ciento de la representación en la Cámara.

Podemos, la tercera fuerza en dura competencia con el Partido Socialista Obrero Español y que defiende desde el comienzo un referendo pactado, solicitó de forma encarecida a Rajoy “la no aplicación del ciento cincuenta y cinco” y le llamó al diálogo de la misma manera que el Partido Nacionalista Vasco.
La crisis institucional en la cuarta mayor economía de la zona euro, que ha provocado una fractura en la sociedad catalana y de España, se disparó tras el referendo no autorizado festejado el pasado 1 de octubre, agitando los mercados y provocando un auténtico éxodo de sedes de empresas de la zona y un creciente interés internacional por el enfrentamiento.

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