PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Inmigrantes arrestados subio un 33%,despues de Trump

PUBLICIDAD

Los arrestos de inmigrantes en U.S.A. han aumentado prácticamente una tercera parte desde el momento en que el presidente Donald Trump llegó al poder, en comparación con exactamente el mismo periodo hace un año.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE; Immigration and Customs Enforcement) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS; Department of Homeland Security) detuvo a veintiuno y trescientos sesenta y dos inmigrantes presuntamente indocumentados entre el veinte de enero y mediados de marzo, conforme estadísticas difundidas por el diario Washington Artículo, en comparación con dieciseis y ciento cuatro en exactamente el mismo periodo del dos mil dieciseis.
Pese a que las afirmaciones de Trump de que su gobierno va tras “criminales” en la población indocumentada, el mayor incremento en las detenciones fue entre inmigrantes sin antecedentes penales de ningún género, más que duplicándose hasta cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno. Las detenciones de inmigrantes con algún antecedente penal —que podría formar un caso por manejar borracho hace veinte años— aumentaron de trece.404 al quince y novecientos veintiuno, un incremento de dieciocho con siete por ciento.

El Artículo mienta a los “agentes federales recién empoderados para acentuar su busca de inmigrantes indocumentados no solo con antecedentes penales, sino más bien asimismo miles que en caso contrario han respetado la ley”. Ciertas oficinas regionales del ICE reportaron incrementos mucho mayores con relación a inmigrantes sin antecedentes. Por poner un ejemplo, el aumento para Filadelfia fue de quinientos por ciento a un total de trescientos cincuenta y seis detenciones, al paso que Atlanta aumentó trescientos por ciento a un total de prácticamente setecientos.
Asimismo hubo un aumento del setenta y cinco por ciento en órdenes de retención de inmigración (immigration detainers), solicitudes del ICE a fin de que los departamentos de policía y cárceles locales retengan a los inmigrantes presos más tiempo que el programado ya antes de ser transferidos a custodia federal y ser deportados. El total de órdenes emitidas entre la investidura de Trump y mediados de marzo fue de veintidos y ciento sesenta y uno, más que el número de detenciones del ICE.HUMANO

Pese al incremento en arrestos y retenciones, verdaderamente hubo una minoración en el número de deportaciones de uno con dos por ciento, a un total de cincuenta y cuatro y setecientos cuarenta y uno en el primer mes del año, febrero y marzo del dos mil diecisiete en comparación con esos meses del año pasado. Esto es debido a que los arrestos están llenando los tribunales de inmigración que ya estaban sobresaturados, disparando el número de casos pendientes y prolongando el tiempo preciso para procesarlos.
Numerosos países se han resistido a percibir a ciudadanos aguardando ser deportados por las autoridades estadounidenses, particularmente China, que no tiene por qué razón hacerle ningún favor a un gobierno que la ha acusado de “violar” a EE.UU. por medio de sus prácticas comerciales y que está resonando los tambores de guerra contra Corea del N..
El total de detenciones del ICE está todavía bajo los niveles del dos mil catorce, cuando el gobierno de Obama detuvo a veintinueve y doscientos treinta y ocho inmigrantes a lo largo de los primeros meses del año. Esto correspondió a una avalancha de asilados, sobre todo madres y pequeños no acompañados huyendo de la violencia de las maras y de los regímenes derechistas apoyados por EE.UU. en Guatemala, El Salvador y Honduras.
En el mes de noviembre del dos mil catorce, el DHS empezó a frenar de manera sistemática las detenciones de inmigrantes, enfocándose en atrapar a personas con antecedentes penales violentos o bien ingresos al país recientes. No obstante, bajo Trump, el DHS ha vuelto a expandir las categorías de inmigrantes objeto de arrestos.

El titular del DHS, John Kelly, un exgeneral de los Marines, comentó en el programa “Meet the Press” de NBC que el nuevo gobierno está ampliando las políticas que ya estaban en funcionamiento bajo Obama. “Es justo decir que la definición de delincuente no ha alterado —dijo Kelly— mas el fantasma de delincuencia con el que operamos ha cambiado”. Aun una sola condena por manejar bajo la repercusión del alcohol, no importa qué recóndita, puede ser motivo para priorizar la deportación de un inmigrante indocumentado, apuntó.
Kelly se vanaglorió de que la violenta oratoria antiinmigrante de Trump, así como la reciente visita a la zona fronteriza del fiscal general, Jeff Sessions, influyó en reducir el número de personas que procuran cruzar la frontera entre México y EE.UU., primordialmente procedentes de América Central. Concluyó al respecto: “Les ha inyectado suficiente confusión en sus psiques, creo, y ahora están a la espera de ver verdaderamente qué sucede”.

Los reportes presentados por conjuntos de derechos de los inmigrantes en los noticiarios y periódicos locales alrededor del país están repletos de casos de trabajadores indocumentados sin antecedentes penales, con vidas totalmente establecidas y también hijos que son ciudadanos estadounidenses siendo capturados por el ICE y deportados.
Un informe de Naples, en el estado de Florida, apuntó, “Para los inmigrantes indocumentados en el condado de Collier, una infracción de tráfico es ahora suficiente para finalizar en Krome, donde encaran ser deportados, conforme los últimos registros de arrestos. En el mes que pasó tras la orden ejecutiva de Trump, entre treinta y cinco y cuarenta y ocho detenidos por los oficiales de Collier fueron transferidos al ICE, conforme a los cientos y cientos de registros de arrestos y documentos de las cortes que fueron revisados por el Naples Daily News”.

El jornal halló que, “tres cuartas unas partes de esos casos consistían de infracciones menores de tránsito, como conducir sin una licencia válida o bien con una licencia expirada o bien suspendida, conforme los registros de arresto. Solo 3 fueron por supuestos delitos graves y en 2 de estos casos fueron retirados los cargos y reducidos a delitos menores de tercer grado, como lo prueban los expedientes de la corte”.
Un trabajador indocumentado casado con una ciudadana estadounidense, padre de 3 ciudadanos estadounidenses y residente de Indiana por 2 décadas, cruzó a Canadá en unas vacaciones para visitar las cataratas del Niágara y fue detenido en la frontera al volver. Lo deportaron a México. Una mujer de Ohio está combatiendo para no ser deportada una vez que padeció un caso de violencia familiar y debió ir a la corte para testificar contra su atacante.
Aquellos que son detenidos y detenidos desaparecen bajo la superficie de una marea de cortes y cárceles poco a poco más sobrecargadas. El número de casos retrasados se ha disparado de doscientos treinta y seis mil cuatrocientos quince en el dos mil diez a quinientos ocho mil treinta y seis este año, en torno a mil setecientos casos para cada uno de ellos de los trescientos uno jueces de inmigración. Además de esto, el tiempo de procesamiento se ha extendido pues, bajo las órdenes migratorias de Trump que firmó apenas llegó a la Casa Blanca, los fiscales ven todos y cada uno de los casos posibles, en lugar de descartar aquellos de inmigrantes que hayan residido más tiempo en el país y no tengan antecedentes penales.
El gobierno de Trump pone en marcha la integración de treinta camas nuevas para los centros de detención. GEO Group, uno de los grandes contratistas privados que operan estos centros, anunció el primer día de la semana que edificará una nueva cárcel de dólares americanos 110 millones en Conroe, Texas, a las afueras de Houston, con capacidad para mil presos.

El deterioro de las condiciones en el gulag del ICE fue puesto de manifiesto por la muerte de un inmigrante mexicano, Sergio Alonso López, en el centro de detención privado en Adelanto, California, el trece de abril. Fue trasladado al centro médico Victor Valley en Victorville el 1 de abril cuando empezó a devolver sangre, mas murió 12 días después por hemorragia interna. Tenía una historia de abuso del alcohol que lo llevó a tener hipertensión y cirrosis del hígado, condiciones desagradables de forma conveniente en una cárcel.
López, de cincuenta y cinco años, es el sexto detenido que muere bajo la custodia del ICE en este año fiscal, que comenzó el pasado 1 de octubre. El siete de febrero, fue detenido alrededor de la ciudad de Los Ángeles, donde vivió por prácticamente 2 décadas.
El viernes pasado, un juez federal de California empezó a examinar la demanda presentada por 2 condados metropolitanos grandes, San Francisco y Santa Clara, contra el decreto de Trump que busca retener fondos federales de aquellas urbes y condados que se rechacen a transformar sus fuerzas policiales en subsidiarias del ICE y DHS (llamadas urbes santuario).

Los dos condados buscan una sentencia preliminar para todo el país contra el decreto de Trump, el que describen como un “arma para quitar todo el financiamiento a las jurisdicciones” en violación de la Décima Enmienda de la Constitución de EE.UU., que reconoce la división de poderes entre el gobierno federal, el estatal y las jurisdicciones locales.
Chad Readler, un letrado del Departamento de Justicia, afirmó que la orden ejecutiva fue limitada a subvenciones proporcionadas por exactamente el mismo Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, no todos y cada uno de los fondos federales, reduciendo drásticamente el alcance del decreto. Afirmó que afectaría en torno a un millón de los mil millones de dólares estadounidenses que recibe el condado de Santa Clara del gobierno federal, y quizá nada de los mil doscientos millones asignados al condado de la ciudad de San Francisco.
“No existe ninguna acción encima de la mesa para hacer servir el decreto o bien que haya sido conminada formalmente”, afirmo Readler, señalando que los dos condados “lo leyeron en el sentido más extenso posible”.

El tema de las urbes santuario se ha transformado asimismo en una cuestión legislativa esencial en Washington, una vez que el directivo de presupuestos de Trump, Mick Mulvaney, procuró introducir limitaciones de fondos federales para las urbes que se resistan a incorporar las políticas migratorias federales en un proyecto de ley que ha de ser aprobado este mes para poder elevar el techo de la deuda federal y de este modo expandir los fondos de las agencias federales entre ahora y que se acabe el año fiscal.
Mulvaney afirmó que Trump vetaría cualquier legislación presupuestaria que no detenga el financiamiento de las urbes santuario y también incluya fondos iniciales para la construcción del muro fronterizo con México.

PUBLICIDAD

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *